Un reciente informe de una
fundación perteneciente a Cáritas ha vuelto poner luz sobre la situación y la
realidad de la pobreza y desigualdad existente en nuestra Comunidad. Son datos
que concluyen en que uno de cada cuatro extremeños experimentan algún proceso
de exclusión social y que por tanto hay muchos ciudadanos que no están
integrados plenamente y que no pueden vivir como un ciudadano medio.
Llama la atención en el informe
el hecho de que no sólo se está hablando de personas que no tienen ingresos,
sino de otras muchas que con contratos precarios y con una remuneración
insuficiente están igualmente en un proceso de exclusión social, al no poder
mantener dignamente su familia.
Son 290.000 extremeños que
necesitan del impulso y del tiempo de la política para dar respuesta a su
prioridad. Que necesitan que se hable más con ellos, porque no son un número,
sino que son personas que tienen un problema y que de continuar éste por más
tiempo, los trasladará al tiempo del desánimo y a la desconfianza, si no lo
están ya.
Son gente que necesita respuestas
y que casi ni se asombran por lo que durante éstos días el foco mediático nos
ha presentado en relación con los injustificables viajes del Presidente de la
Comunidad usando fondos públicos, porque para ellos el problema es diario y
tiene nombres y apellidos.
La brecha social de éste tiempo
se ha agrandado hasta el punto de que se está llevando por delante muchas
generaciones y es demasiado el tiempo que llevamos instalada en ella y mucho me
temo que al final habrá quien piense que forma parte de nosotros y que no tiene
soluciones.
Le corresponde a los políticos y
al Gobierno regional encontrar respuestas. A ello deberían dedicar el tiempo,
porque una sociedad desmotivada, desanimada y excluida socialmente es un
argumento inmejorable para aquellos que no defienden el espacio público que
compartimos.
