Durante estos últimos días se ha conseguido un acuerdo entre el Gobierno, Sindicatos y Empresarios en la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y Pensiones. Un acuerdo que hay que poner en valor como ejercicio del diálogo y el consenso. Un acuerdo que cambia el rumbo de las pensiones al anular los recortes de 2013 y que frente a la reforma que el PP adoptó en solitario, es fruto del consenso parlamentario y del acuerdo con todas las fuerzas económicas y sociales. Y es en este punto donde es conveniente remarcar y darle valor a este acuerdo social, porque además supone un cambio fundamental en la orientación de la política de pensiones en nuestro país, porque significa la recuperación de la revalorización de las pensiones en función de cómo evolucionen los precios (IPC), la eliminación del factor de sostenibilidad que fue pensado para reducir las futuras pensiones y además se han acordado unas medidas para mejorar los ingresos de la seguridad social y para que los gastos que hoy asume la caja de la seguridad social que corresponden a los Presupuestos se sufraguen por esa vía, así como nuevos derechos y equiparaciones en materia de viudedad, cotizaciones de los jóvenes becarios y mejoras en el régimen de autónomos o a los cuidadores no profesionales de personas dependientes.
Sin profundizar en exceso, uno de los argumentos que con insistencia se planteaba en su día por quienes apoyaban aquella reforma del 2013, era el déficit en el que se encontraba la seguridad social y que según los expertos que apoyaban al Gobierno de Rajoy se situaba en el excesivo gasto en pensiones, sin querer tener en cuenta el desplome en los ingresos ocasionado por los efectos de la crisis sobre las pérdidas de empleo y de las reformas laborales con su incidencia sobre la caída de los salarios. Unas pérdidas que tuvieron relación directa en las cotizaciones y consecuentemente agravaron el déficit de las cuentas públicas, al utilizarse además el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (hucha de las pensiones) y quedarlo en 2017 en poco más de 8.000 millones, de los más de 66.000 que estaba a finales de 2011.
Es una primera parte muy importante lo acordado y habrá que perfeccionar en una segunda, teniendo en cuenta las experiencias de todos estos años y tratando de establecer un marco de financiación suficiente que no esté sometido a los vaivenes políticos, a los ciclos económicos y a las presiones de los sectores económicos y financieros que tienen un claro interés como impulsores de la reforma anterior. Por eso es un buen inicio para actualizar y centrar la financiación aplicando el principio de separación de fuentes de financiación y que las cotizaciones se utilicen para pagar las prestaciones contributivas y no otros conceptos. Como igualmente habrá que ajustar y orientar bien el nuevo mecanismo que sustituirá al factor de sostenibilidad, ahora llamado de equidad intergeneracional, porque el que hoy disfrutemos de una mayor esperanza de vida es una clara y positiva consecuencia del estado de bienestar, por lo que habrá que utilizar unas proyecciones lo más realistas y rigurosas posibles de la evolución del empleo para que de forma progresiva y mantenida se acierte en la viabilidad económica del sistema, para lo que es fundamental un mejor funcionamiento del mercado de trabajo asegurando más ingresos por cotizaciones, lo que repercutirá en una mayor sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Hace unos días en el camino hacia la concentración para condenar el asesinato del joven Samuel, charlaba con dos de los pensionistas que se movilizan periódicamente exigiendo unas pensiones dignas. Me comentaban que si la sanidad se financia con las aportaciones de todos los ciudadanos a través de los impuestos que pagamos, las pensiones no podían ser la "pata" más debil del estado de bienestar. Aplaudían el acuerdo y me decían que ahora al menos no perderían poder adquisitivo cada año, porque lo del factor generacional a ellos ya no les tocaba.
Buscando en la hemeroteca rescaté un artículo que escribí en el año 2013, que me publicó el diario "HOY" y que titulé "Pensiones y Sostenibilidad". Lo terminaba con una alusión a un cartel de un joven en una manifestación con una frase que decía "Queremos vivir como nuestros padres". En aquel año se inició un proceso para desmantelar el sistema público de pensiones que el acuerdo firmado ha conseguido que no se produzca y confiemos que los "tiburones financieros" con sus presiones, no consigan reiniciar. Ahora con el ejercicio del consenso y del diálogo debería reforzarse para que nunca más el sistema público estuviera en peligro, teniendo en cuenta el fondo de la cuestión, porque el problema de la seguridad social no es de gastos, sino de ingresos y eso tiene mucho que ver con que haya más empleo de calidad y por tanto se produzcan más y mayores cotizaciones fundamentalmente.
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