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domingo, 6 de diciembre de 2020

Reconocimiento y dignidad....

Durante esta semana han sido varios los asuntos que han podido ocupar las portadas de los medios y puede entenderse que los ciudadanos nos fijemos en ello. En línea con lo que decía hace una semana, los titulares los leemos, pero quizás la información de la noticia la leemos con menos produndidad o casi no lo hacemos. Si recordamos algunas de ellas, puede que todos hayamos escuchado o leído sobre la aprobación de los presupuestos del Estado, la situación de los presos del "proces",  el chat de los exmilitares, la renovación-acuerdo sí-no del CGPJ, los anuncios del ritual de la compra de décimos, la carrera y llegada de las vacunas del covid-19, los "allegados" y quiénes son,  la evolución de la pandemia y las dudas que todos tenemos con los puentes y fiestas de este mes por la repercusión de cara a una posible tercera ola, la noticia que hoy nos dice que el rey emérito presenta una regularización fiscal (manda huevos), etc, etc....y por finalizar con otra que es cátedra ya: nos dicen el Gobierno y las Comunidades que nos quedemos en casa, pero que podemos viajar solo para visitar a familiares o allegados. En fín, que sigamos siendo responsables, porque sobre todo, casi todo depende de que lo seamos.

Y con tantas noticias hay algunas que pasan desapercibidas, de las que se habla poco o casi nada. Algo de ello le ha podido pasar al informe de Amnistia Internacional que se llama Abandonadas a su suerte: La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID19 en España donde se profundiza en la situación que sufrieron los geriátricos durante la primera ola, sobre todo las situaciones de Madrid y Cataluña. Y una de las conclusiones que se recogen es que faltan datos. Todos hemos podido escuchar y leer las contradicciones respecto a los datos de los fallecidos en residencias. Aún hoy, y a pesar de las fuentes oficiales y no oficiales, no hay una cifra reconocida. O también se refleja, el cómo no se se trasladó a enfermos desde las residencias a hospitales y sabiendo que las residencias no contaban con las condiciones adecuadas, porque no son centros médicos ni tienen los recursos para ello. AI, viene a decir que estas dos causas, la de la no derivación y la falta de atención adecuada, han vulnerado tres derechos: a la salud, a la vida, y a la no discriminación.

En el informe también se reflejan la violación de otros derechos, como son el de las personas residentes a la vida privada y familiar. Y como decía al principio, de este informe se habla el primer día de la publicación y después posiblemente pase a ser un documento más de la organización que lo hace público. La pandemia terminará pasando y ojalá no volvamos a tener otro año como el que llevamos, pero el riesgo como se ha reconocido, ahí está. Vivimos un tiempo en el que la historia reciente nos está demostrando que no existen certidumbres y ahí están las crisis económicas y la actual sanitaria para justificarlo.

Durante toda la pandemia, se viene hablando del reconocimiento y la dignidad hacia nuestros mayores. Soy de los que piensa que las normas sientan el argumento legal y después hay que hacer que se desarrollen y se cumplan. En nuestra Constitución que hoy cumple 42 años, se especifica el derecho de los mayores a percibir prestaciones de serviciones sociales para atender sus necesidades específicas de salud, vivienda, cultura y ocio. Porque hace falta ese reconocimiento de la experiencia vivida, ese cambio de cultura para que lo vivido, sufrido y que aún seguimos, nos haga reflexionar sobre la cobertura de esas necesidades, para que esos derechos vulnerados y recogidos en el informe de Amnistía Internacional no se vuelvan a producir.

Y para que un nuevo informe de esta Asociación o de otras no quede en noticia de un sólo día, hay que impulsar la tramitación urgente de una ley estatal o regional que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas mayores residentes, los servicios, la propia configuración del sistema de atención y su cobertura en recursos, la calidad de los servicios, el fomento del envejecimiento activo, la cultura del mayor, y en definitiva que se constituya en el argumento legal e integral del reconocimiento de sus derechos y del desarrollo de su dignidad hasta el último de sus días.

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